Servir al país es un acto de valentía
El servicio público en Guatemala está lleno de personas valiosas cuya vocación se ve opacada por estigmas, cambios políticos y falta de reconocimiento. Dignificar su labor y devolverle mérito, continuidad y propósito es indispensable para construir un país que realmente avance.


No voy a ponerme filosófica sobre lo que significa ser servidor público. Prefiero hablar desde la experiencia: casi veinte años trabajando dentro, o muy de cerca, de la administración pública, en ese espacio donde conviven vocación, burocracia, esperanza, frustración y también una cuota de ingratitud.
Mi primera tarea fue como encargada de relaciones públicas en una campaña municipal en 2003. Creí que sería algo temporal. No sabía que estaba entrando a un camino que marcaría mi vida profesional de la manera en que lo hizo.
Hoy ya no trabajo para el Estado. Mi día a día se mueve desde la empresarialidad, la consultoría y la innovación; pero sigo profundamente vinculada a los asuntos públicos, convencida de que el progreso económico y social de Guatemala depende en gran medida de la calidad, ética y visión de quienes sirven desde el sector público, en todos los niveles.
Hay una verdad incómoda que quienes hemos estado adentro conocemos: trabajar para el Estado muchas veces carga un estigma injusto. Es común escuchar que cuando alguien trabajó en gobierno y busca empleo en el sector privado se asume que son lentos, burocráticos, o peor: que son corruptos. Esa generalización es profundamente injusta para quienes han servido con integridad y profesionalismo, como si la vocación por servir a Guatemala fuese un defecto.
A eso se suma que, con cada cambio de administración, el país pierde talento valioso. Personas técnicas, formadas, con años de experiencia, son tratadas como fichas políticas. No importa su mérito, ni su trayectoria, ni su compromiso. Basta con etiquetarlas como “del bando anterior” para excluirlas, relegarlas o incluso perseguirlas. Como si en Guatemala no existieran personas con vocación pública genuina, que independientemente de quién gobierne, ponen su trabajo al servicio del país.
Esta lógica de lealtades, desconfianza y de bandos nos está costando carísimo: perdemos continuidad, memoria institucional y profesionalismo.
Los servidores públicos de menor rango suelen estar desmotivados: se sienten invisibles, desprotegidos, ignorados. Se exige mucho, se reconoce poco y se juzga rápido.
Urge recuperar la mística que alguna vez acompañó al servicio público: la convicción de que los puestos deben asignarse por capacidad y no por amistad; el valor de rechazar la corrupción en cualquiera de sus formas; y la responsabilidad de evitar que liderazgos dañinos contaminen a las instituciones desde arriba.
Al mismo tiempo, es indispensable dignificar las condiciones laborales. Una oficina estatal no tiene por qué ser un lugar oscuro, viejo o desordenado. ¿Cómo atraer talento joven, innovador e íntegro si el mensaje implícito es que servir al país implica conformarse con menos?
Honrar el trabajo público significa devolverle su dignidad: la del mérito, la del respeto a la ley, la del propósito, la de un pago digno y la de reconocer que el aporte de cada persona sí hace la diferencia.
Si queremos atraer a los mejores, necesitamos que el servicio público vuelva a ser un lugar donde valga la pena estar. Un lugar al que se llegue no por falta de opciones, o por favores políticos, sino por convicción: la certeza de que, más que desde los discursos, desde ahí, también se puede cambiar un país.
