Cuando el diálogo falla
La relación entre sector público y privado en Guatemala suele fracasar por no hablar el mismo “idioma”. Mientras el gobierno se mueve bajo legalidad y burocracia, las empresas buscan eficiencia y resultados rápidos. Superar esta barrera comunicativa es clave para construir confianza, colaboración y desarrollo en el país.
Esta semana circuló en redes un video en el que se ve y se escucha a un empresario guatemalteco hablando durante una reunión organizada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Más allá de la polémica que generaron en algunos sectores los elogios al gobierno salvadoreño y sus críticas a los otros gobiernos, quiero usar este ejemplo para destacar la importancia de aprender a hablar el “idioma del otro”.
Mi experiencia en relaciones públicas desde el sector privado comenzó en 2001 y en el gobierno en 2004. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que cada sector habla su propio idioma y, con frecuencia, no se entienden ni hacen el esfuerzo por comprenderse. Esta barrera dificulta el diálogo e impacta en el bien común.
El lenguaje de cada uno pareciera ser el de los intereses particulares del momento, limitados también por la falta de voluntad, empatía o preparación.
Con frecuencia, el sector privado no comprende ni descifra el idioma del sector público, ni el gobierno habla o intenta entender el del sector privado. Esta brecha comunicativa genera desconfianza mutua y falta de colaboración, lo que ralentiza el progreso del país.
Desde la administración pública, se percibe al sector privado como cortoplacista, enfocado exclusivamente en la rentabilidad y el beneficio sectorial. A su vez, el sector privado suele ver al gobierno como ineficiente, corrupto y excesivamente burocrático.
El idioma del sector público se debe regir por el principio de legalidad: los funcionarios solo pueden (o al menos deberían) actuar dentro de lo expresamente permitido y regulado por la ley. Con frecuencia se les escucha hablar en términos como "participación ciudadana", “bien común”, "rendición de cuentas", “ley de compras y contrataciones”, “cooptación” y "procedimiento administrativo". El gobierno opera con ciclos presupuestarios anuales y multianuales, y su ritmo de trabajo es lento debido a la regulación, la fiscalización o negligencia.
El sector privado, en contraste, se caracteriza por un lenguaje más dinámico y pragmático, centrado en conceptos como “crecimiento”, “rentabilidad", "eficiencia", “generación de empleo”, “costos” y "ventaja competitiva". Su vocabulario está impregnado de urgencia y orientado a resultados. Prefiere la acción rápida en lugar de discusiones eternas, mesas temáticas que no avanzan. Valora la innovación y los riesgos calculados.
A lo largo del tiempo, distintos gobiernos han intentado tender un puente con el sector privado, incorporando empresarios como servidores públicos. Sin embargo, esto no siempre funciona si la persona designada no ha aprendido previamente el idioma de la gestión pública ni asume los valores y principios del servicio estatal, donde la prioridad debe ser el bien común sobre los intereses particulares. Del mismo modo, algunos funcionarios públicos no comprenden el concepto de "el tiempo es dinero".
Enseñar al sector privado a entender y hablar el idioma de la administración pública requiere una sólida comprensión de las leyes, del funcionamiento del Estado y de la realidad social y económica del país. También exige conocer los intereses sectoriales de quienes toman las decisiones.
La falta de entendimiento entre el sector público y el privado sigue teniendo consecuencias profundas para el desarrollo de Guatemala y para el fortalecimiento del Estado de derecho. Esta desconexión ha derivado en problemas como la corrupción y ha limitado el crecimiento económico y social del país. Al final, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, atrapados en un sistema que opera por debajo de su verdadero potencial.